Si bien existe un amplio consenso respecto de la importancia de incrementar los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) en el país como un requisito para el fortalecimiento de la base tecnológica y productiva nacional, no siempre resulta sencillo obtener financiamiento para llevar a cabo dichas actividades. Particularmente difícil resulta promover la inversión en I+D entre los agentes del sector privado: de hecho, las tres cuartas partes del gasto de este tipo que Chile realiza proviene del ámbito público, y sólo la cuarta parte del sector privado. Las explicaciones son de variado tipo. Por una parte, el funcionamiento libre de los mercados no otorga incentivos a las empresas para invertir en innovación tecnológica, debido a las dificultades que éstas experimentan para apropiarse de los frutos de esta inversión. Por otra parte, el mercado de capitales chileno no dispone de instrumentos adecuados para financiar proyectos con altos niveles de riesgo, como es el caso de las actividades de I+D.